Desde la Federación Alavesa de Montaña y desde la sociedad alavesa en general, asistimos perplejos, indignados y en un estado de total indefensión a la ejecución de un atentado medioambiental de graves consecuencias: las obras de una cárcel en plenos Montes de Vitoria, la Macrocárcel de Zaballa.
No entendemos por qué el Tribunal Supremo desestimó en julio de 2009 la paralización cautelar de las obras, que había sido solicitada tanto por el Gobierno Vasco como por la Diputación Foral de Alava, y menos cuando el único magistrado que votó a favor de la paralización fue el titular de la causa. El resto de magistrados, que votaron “NO” a la paralización, ni siquiera justificaron su decisión, aunque quizás les hubiera bastado con darse una vuelta por Zaballa para haber cambiado el sentido de sus votos.
Si bien hemos de reconocer que gran parte del daño que se podía hacer ya está hecho, está en manos del Tribunal Supremo evitar que este daño sea aún mayor, resolviendo urgentemente y de forma favorable el recurso presentado por la Diputación Foral de Álava en febrero de 2009.
¿Y por qué decimos que el Tribunal Supremo debería resolver este recurso de forma favorable, impidiendo en definitiva la finalización de esta barbarie? Sencillamente porque sería lo justo, porque no podemos permitir que nuestras instituciones se busquen atajos legales para incumplir de forma injustificada leyes y normas que el resto de los mortales no tenemos más remedio que acatar.
¿Somos o no somos todos, personas e instituciones, iguales ante la ley? Pues vamos a demostrarlo, ya que de lo contrario nunca tendremos claro si estamos ante una verdadera democracia o ante una dictadura votada democráticamente.
Juan Felipe Seemann
Comité de Medio Ambiente.
Federación Alavesa de Montaña
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